El delito de blanqueo de capitales suele aparecer en procedimientos complejos (empresa, patrimonio, cripto, operativas internacionales) y, precisamente por eso, muchas veces se discute menos “qué se ha hecho” y más “qué se sabía” y “qué se puede probar”.
En un proceso penal, la estrategia de defensa viene condicionada principalmente por dos variables. En primer lugar, la relevancia penal de los hechos, lo que exige comprobar si concurren los elementos objetivos y subjetivos del correspondiente tipo penal, en este caso, el delito de blanqueo de capitales: el elemento objetivo atiende a extremos externos y verificables (por ejemplo, si ha existido recepción, transmisión, conversión o utilización de fondos), mientras que el elemento subjetivo se proyecta sobre el fuero interno del sujeto activo (esto es, si la conducta se ejecuta con dolo, o, en su caso, bajo parámetros de imprudencia cuando el tipo lo contemple). En segundo lugar, resulta determinante la prueba disponible sobre esos mismos elementos. Sin perjuicio de que el cumplimiento de los requisitos procesales también incide en la estrategia, a los efectos del presente análisis nos centraremos en las dos variables anteriores.
El núcleo está en el art. 301 CP, que castiga, entre otras conductas, adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, o realizar actos para ocultar o encubrir su origen ilícito. En la práctica, la discusión típica gira alrededor de dos preguntas:
- ¿Hay bienes de origen delictivo? No siempre hace falta una sentencia firme del delito precedente, pero sí acreditar (al menos de forma suficiente) la procedencia ilícita.
- ¿La conducta aporta algo más que la mera tenencia? La frontera entre “tener” y “blanquear” se analiza caso a caso: trazabilidad, finalidad de ocultación, estructuras interpuestas, fraccionamiento, etc.
- A ello se suma el elemento subjetivo, en el sentido de que debe analizarse si el sujeto conocía el origen ilícito de los fondos o, al menos, si debía haberlo conocido atendidas las circunstancias concurrentes y el estándar de diligencia exigible en el caso concreto.
En blanqueo, el dolo suele acreditarse como conocimiento (directo o eventual) del origen ilícito y voluntad de operar pese a ello. Es habitual que el debate se centre en si existían “señales de alarma” suficientes: incoherencia económica, opacidad del pagador, falta de justificación del origen, urgencias injustificadas, uso de efectivo, triangulaciones, wallets “puente”, etc.
Además, el Código Penal contempla el blanqueo por imprudencia grave (art. 301.3 CP). Aquí la clave no es “querer blanquear”, sino haber actuado con una inobservancia especialmente intensa de los deberes de cuidado exigibles (muy relevante en entornos profesionales y sujetos obligados).
Muchos asuntos se sostienen con indicios: hechos acreditados que, encadenados lógicamente, permiten concluir origen delictivo y conocimiento. La jurisprudencia exige, en síntesis, pluralidad y solidez de indicios, conexión entre ellos y una inferencia razonada (no meras sospechas). Para la defensa, esto abre una vía clara: atacar la base fáctica, romper el nexo lógico o aportar explicaciones alternativas plausibles (actividad económica real, documentación soporte, trazabilidad, compliance).
En el caso de sujetos obligados conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, resulta especialmente relevante analizar el grado de cumplimiento de las obligaciones que dicha normativa impone (en particular, las medidas de diligencia debida y el deber de no ejecutar operaciones ni entablar relaciones de negocio cuando no sea posible aplicar dichas medidas, así como el seguimiento y control interno orientado a la detección de operativas susceptibles de examen), en la medida en que ese cumplimiento —o su ausencia— es un indicio directo sobre si la operativa se desenvolvió dentro de los cauces de prevención y control exigibles o, por el contrario, mediante omisiones relevantes de supervisión.
Y ello se conecta de forma inmediata con el artículo 31 bis del Código Penal, que articula la responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio por sus representantes o directivos, o por subordinados cuando haya mediado un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control.
En Summons abordamos el blanqueo desde una perspectiva doble: procesal penal (diseño de estrategia, impugnación de indicios, pericial económica/forense) y preventiva (compliance, PBC/FT, operativa cripto y trazabilidad). Porque en estos procedimientos, la diferencia entre imputación y archivo —o entre condena y absolución— suele estar en lo que se acredita con precisión: origen, conocimiento y prueba.
